De acuerdo con el seguimiento realizado por el Observatorio de Género de la Coordinadora de la Mujer, con base en datos de la Fiscalía General del Estado y la Policía Boliviana, 23 de las 40 víctimas de feminicidio tenían al menos un hijo o hija. La que más descendientes tenía era Silveria, mujer de 73 años asesinada por su pareja en Yapacaní (Santa Cruz), que dejó en la orfandad a ocho hijos e hijas.

Las y los huérfanos por feminicidio son las víctimas colaterales de la forma más extrema de violencia en razón de género. Organizaciones que trabajan por los derechos de las mujeres en el país exigen al Estado boliviano un plan integral de implementación inmediata que no solo enfrente este flagelo con acciones de prevención y sanción, sino que también considere la situación de las y los hijos que quedaron en la indefensión tras la pérdida de sus madres y, eventualmente, de sus padres o padrastros, cuando estos son los feminicidas.

Al respecto, la directora ejecutiva de la Coordinadora de la Mujer, Tania Sánchez, sostuvo que el feminicidio no termina con la muerte de la víctima, pues corta definitivamente algunas formas de vida familiar y deja severos daños psicológicos en los hijos e hijas. “Es necesario articular desde distintas instancias del Estado acciones integrales en beneficio de las víctimas colaterales y olvidadas del feminicidio”.

Tal como explica el estudio Los rostros de la Violencia de género, elaborado por la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y la Coordinadora de la Mujer en 2021, “el feminicidio es un proceso, y no un evento desligado de la cotidianidad de las víctimas, que paulatinamente se hace más violento. No concluye con la muerte de la víctima. Las co-víctimas deben superar una serie interminable de dificultades para buscar justicia y reencauzar sus vidas”, según una nota de prensa de la Coordinadora de la Mujer.

Siguiendo el citado estudio, las familias de las víctimas de feminicidio, además de sufrir la pérdida de una hija, madre, hermana o tía, se hacen cargo del cuidado de los hijos e hijas huérfanos. “Las familias co-víctimas deben encarar el duelo y superar el duelo porque tienen que resolver de manera inmediata muchos temas complejos y delicados (…) Otro tema importante es el cuidado de los hijos de las víctimas.

La mayoría de los huérfanos quedan a cargo de las abuelas maternas”, apunta la investigación. Este fue el caso de Jenny (20), quién murió en Cochabamba a manos de su expareja, Sergio (28). Producto del feminicidio una niña de cinco años y su hermanito de dos resultaron huérfanos; ambos quedaron al cuidado de su abuela materna.

En tanto, en Santa Cruz, tres niños de nueve, siete y dos años quedaron también en la orfandad a causa del asesinato de Maida, su madre. Del mismo modo, la abuela materna se hizo cargo de los menores.

Según el artículo 36 de la Ley 348, Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, referido a la protección de niños y niñas, “Si a consecuencia de un delito de feminicidio cometido por el cónyuge o conviviente quedaran hijas e hijos menores de edad huérfanos, éstos serán puestos de inmediato bajo custodia de los abuelos u otro familiar cercano por línea materna, con el acompañamiento de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia en tanto se establezca la guarda legal, debiendo acceder toda la familia al sistema de protección de víctimas y testigos del Ministerio Público y al sistema de atención que esta Ley prevé”.

Como se puede advertir, la normativa actual en esta materia se centra solamente en el procedimiento para otorgar la guarda legal de las y los huérfanos por feminicidio menores de edad y no repara en las necesidades particulares que puedan tener a raíz de la muerte violenta de sus madres. Del total de huérfanos y huérfanas que dejó el feminicidio este año, el 70 % son menores de edad. Por departamento, 26 están en Santa Cruz; 22 en Cochabamba; ocho en Beni; seis en La Paz; y uno en Potosí. (ANF)